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En el condado de Cochise, Arizona, el militante antiinmigratorio Roger Barnett ha amenazado a personas latinas a punta de pistola, y sin embargo nunca ha sido enjuiciado por este proceder. En Tucson, el nativista armado Roy Warden fue sorprendido en un video amenazando a un ni帽o con volarle la tapa de los sesos; sin embargo el fiscal, ante la perplejidad del juez que deb铆a pronunciar la sentencia, no solicit贸 tiempo en prisi贸n para Warden. Y en el condado de Maricopa, Patrick Haab, un veterano con problemas mentales, fue acusado de agresi贸n agravada por los ayudantes del sheriff, quienes lo encontraron en una parada de descanso reteniendo a punta de pistola a siete inmigrantes indocumentados. El fiscal posteriormente retir贸 todas las acusaciones.

驴Por qu茅 los fiscales tienen tanto poder y autoridad para determinar qu茅 casos son llevados a juicio y si una persona enfrentar谩 una condena severa o si s贸lo recibir谩 un tir贸n de orejas? La respuesta es simple: "criterio del fiscal". Seg煤n la ley estadounidense, los fiscales del gobierno cuentan con un poder casi absoluto e irrefutable para elegir si presentan o no acusaciones criminales y qu茅 acusaciones presentar.

No cabe duda de que el criterio del fiscal forma parte necesaria e importante de nuestro sistema de justicia: asigna los escasos recursos de la fiscal铆a, sienta las bases para los acuerdos con el fiscal y favorece la indulgencia y la clemencia en un sistema de justicia criminal que muchas veces resulta severo e impersonal. Sin embargo, tambi茅n coloca a los fiscales en una de las posiciones m谩s poderosas de nuestro sistema de justicia criminal. Literalmente tienen un poder absoluto para decidir qui茅n ir谩 a juicio por un delito. Si bien la mayor铆a de los fiscales utilizan su criterio con prudencia y 茅tica, tambi茅n puede hacerse mal uso de ese criterio para presentar acusaciones criminales --o no presentarlas-- seg煤n las opiniones pol铆ticas personales del fiscal.

Por ejemplo, durante la 茅poca de los derechos civiles, los fiscales blancos de los pueblos del sur se negaban abiertamente a presentar acusaciones contra personas blancas por cr铆menes racistas de odio contra afro americanos, aun cuando la evidencia a favor del juicio era determinante. A partir de 1989, las autoridades federales revisaron 22 muertes ocurridas durante la 茅poca de los derechos civiles y se realizaron 25 arrestos, con el resultado de 16 condenas, dos absoluciones y un juicio nulo. Muchos de esos casos podr铆an haber sido llevados a juicio, a帽os o incluso d茅cadas antes si el fiscal local hubiese estado dispuesto a hacerlo.

Incluso en la actualidad, el criterio del fiscal a menudo es ejercido de un modo racialmente sospechoso. El San Jose Mercury News estudi贸 casi 700,000 casos criminales ocurridos en California entre 1981 y 1990, y el resultado de dicho estudio revel贸 disparidades raciales estad铆sticamente significativas en cuanto al enjuiciamiento de cr铆menes. En el estudio se descubri贸, entre otras cosas, que el 6% de los blancos, en comparaci贸n con s贸lo el 4% de las minor铆as, ganaron desestimaciones "en inter茅s de la justicia", en las cuales los fiscales retiraron completamente los casos criminales. El mismo estudio revel贸 que un acusado de un delito grave blanco sin antecedentes criminales ten铆a un 33% de posibilidades de recibir una reducci贸n a delito menor o infracci贸n regulatoria, en comparaci贸n con un 25% para un afro americano o latino en una situaci贸n similar.

Entonces, 驴qu茅 recurso queda si un fiscal se niega a presentar acusaciones que son evidentemente meritorias, como en los casos de Arizona que involucraban a militantes antiinmigratorios, debido a la opini贸n pol铆tica del fiscal?
Desgraciadamente, el mismo factor que protegi贸 a los blancos sure帽os que aterrorizaban y asesinaban a los afro americanos durante la 茅poca de los derechos civiles es el que ahora protege a los Roger Barnett, Roy Warden y Patrick Haab del mundo: la ira populista contra un grupo particular de personas, en este caso los latinos considerados inmigrantes indocumentados. A los fiscales que quieren conservar sus empleos (los fiscales locales de distrito generalmente son elegidos; los fiscales Generales de los Estados Unidos son designados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos) quiz谩 les resulte m谩s f谩cil no presentar casos impopulares.

A fin de cuentas, s贸lo existen dos soluciones en tales situaciones. O bien el fiscal es 茅tico y cumple con la ley independientemente de las consecuencias pol铆ticas, o el sentimiento p煤blico se modifica, como ocurri贸 en el Sur Profundo (Deep South) en d茅cadas recientes, con lo cual iniciar juicios fue pol铆ticamente viable.

Rhonda Brownstein es directora del departamento legal en el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur (澳彩开奖).